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LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA CIENTÍFICA EN EL DERECHO

Derecho y ciencia forense es un libro que reúne lo abordado en el seminario que lleva el mismo nombre, impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y El Colegio Nacional, en donde diferentes especialistas se enfocan en diseminar los aspectos más profundos de la relación entre las dos áreas de estudio.

El seminario estuvo coordinado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz; el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y la coordinadora de la carrera de ciencias forenses de la UNAM, Zoraida García Castillo.

Realizado en 2015, el evento académico tuvo una respuesta favorable, por lo que se tomó la decisión de generar un documento que recopilara lo abordado para llegar a un público más amplio, explicó Zoraida Castillo. 

Así nació la iniciativa del libro Derecho y ciencia forense, publicado por la editorial Tirant Lo Blanch, en el cual se detalla la relación del derecho y la ciencia en los artículos de los autores que buscan determinar los alcances probatorios de las pruebas periciales, explicó la investigadora en entrevista con la Agencia Informativa Conacyt.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿Qué fue el seminario de Derecho y Ciencia Forense?

Zoraida García Castillo (ZGC): Su origen tuvo lugar a partir de la creación de la licenciatura en ciencia forense de la UNAM, a principios de 2013. El seminario fue impulsado por el ministro José Ramón Cossío Díaz.

En el seno de este seminario que sigue sesionando, en el año 2015 tuvimos unas jornadas intensas en las que invitamos a diversos investigadores especialistas en temas forenses y nos sentamos a discutir cuáles son los alcances de algunas pruebas científicas que se usan en el sistema de justicia penal mexicano y también a nivel internacional, pruebas que con base en ellas se dictan sentencias.

Lo interesante de estas sesiones fue que en las mesas invitamos a especialistas forenses y expertos en derecho penal para que juntos pudieran discutir los alcances de algunas pruebas en específico. Entonces los especialistas en las diferentes ramas del conocimiento discutieron cómo se desahoga y dictamina una prueba científica.

Con todo ello, los aspectos que se tratan toman dimensiones muy complejas y completas para tener una idea más clara de hacia dónde vamos en el ámbito de la ciencia forense y su relación natural con el derecho, y su aplicación en las normas.

AIC: ¿Cómo este seminario derivó en un libro?

ZGC: Después de haber tenido estas sesiones de trabajo en las que participaron instituciones como El Colegio Nacional y la UNAM, se tomó la decisión de hacer una compilación de todo el conocimiento vertido en dichas discusiones, esto con el formato de un libro.   

Lo que hay en el libro Derecho y ciencia forense es  la opinión de juristas e investigadores científicos que se han desarrollado profesionalmente alrededor de cómo se constituye la prueba científica y qué importancia tiene en el sistema de justicia mexicano.

[1 Derecho y ciencia forense0103] El libro y seminario son muy oportunos, pues estamos viviendo una coyuntura porque estamos migrando de sistema judicial inquisitorio a un sistema oral de tipo acusatorio. Por lo mismo, los derechos fundamentales y los derechos a la justicia toman una especial relevancia.

El que ambas partes puedan acreditar sus tesis o sus posiciones mediante la prueba es un reto. Por lo que con el avance de la ciencia y tecnología las pruebas se van sofisticando, entonces el recurso de que la ciencia sea un auxiliar en las decisiones judiciales está cada vez más presente, por lo que cada vez tienen una importancia mayor.  

AIC: ¿Cuál es el papel del perito?

ZGC: El papel del perito es apoyar al abogado o jurista que no conoce de ciencia o técnica. Este jurista podría ser un agente del ministerio público que tendría que comprender si las pruebas son o no suficientes para poder acusar a una persona o demostrar la inocencia.

La opinión científica tiene un peso específico enorme en la decisión jurídica. Hay un punto toral que nos preocupa en las ciencias forenses, el cual es que los peritos y los juristas puedan tener una mejor comunicación, un perito que sabe comunicar los alcances de una prueba científica al juez que dicta la sentencia.

Todo esto es en virtud de que los jueces puedan adoptar una mejor resolución y entender los alcances reales de la ciencia para que pueda existir una mejor interacción de trabajo.

AIC: ¿Cuál es la perspectiva de la ley para hacer válida una prueba científica en un caso?

ZGC: La ley constituye una serie de disposiciones abstractas que no puede preverlo todo. Precisamente, ese es el objetivo de una publicación como estas: cómo valorar la prueba científica para la aplicación de las normas.

Los análisis científicos de una prueba en específico pueden proporcionar ciertos indicios, pero el panorama completo es el que se tiene que tomar en cuenta para poder valorar de tal manera o no la prueba en sí, eso depende de cómo el perito explique sus bases científicas y pueda ser determinante en un caso. Por eso es importante que el jurista tenga asesoría y visión sobre los alcances de la ciencia.

El gran reto para quien aplica las normas es cómo valorar una prueba científica sin ser científico. 

AIC: ¿Cómo se puede garantizar la fiabilidad de una prueba?


ZGC: Eso es algo de lo que se ha escrito bastante, en muchos casos por personas que estudian la filosofía de la ciencia. Esto tiene que ver con la evolución de la ciencia y últimamente esto está avanzando de forma vertiginosa.

Uno de los principales elementos de confiabilidad que puede haber es que haya un consenso en la comunidad científica respecto a la conclusión de una determinada prueba, es decir, que le haya precedido experimentación, un cierto tipo de metodología que incluya un paradigma que haya sido llevado al debate en la comunidad científica.

Sobre todo que haya mucha claridad en los porcentajes de error que pueda haber en una cierta conclusión, pues sería poco confiable encontrar una prueba de un determinado caso en que el margen de error sea inexistente.

Zoraida García Castillo
Es doctora en derecho por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Especialista 
en argumentación jurídica por la Universidad de 
Alicante, España.

Es profesora asociada “C” de tiempo completo y 
coordinadora de la licenciatura en ciencia forense 
en la Facultad de Medicina de la UNAM.

Es integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) con nivel I y consejera de 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.